El día 23 de febrero dio comienzo el I Curso de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española. Durante un mes, especialistas en todas las ramas relacionadas con la discapacidad han impartido clases con la intención de reforzar la calidad de la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad. Los contenidos ofrecidos en este curso representan el mínimo recomendable, desde el punto de vista del Consejo General de la Abogacía, para eventuales turnos de oficio especializados en la materia.
He tenido la inmensa suerte de que el Consejo contara conmigo para impartir una parte del módulo penal, en concreto, la inimputabilidad penal y las causas de exención de la responsabilidad penal. Como los tiempos que vivimos no permiten el contacto directo con una multitud de alumnos, éstos han recibido las clases de forma telemática. Los profesores (me sigue pareciendo extraño denominarme así) pudimos elegir entre esa opción o acudir a la sede del Consejo, sin contacto con los alumnos y con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Y no dudé ni un minuto en elegir la segunda por dos motivos. Primero porque después de más de un año de Zoom, Teams y sistemas similares, estoy deseando volver a la actividad presencial. Y segundo porque fue precisamente en la sede del Consejo donde recibí mi primer curso sobre discapacidad, allá por el año 2.005.
El rotundo éxito del curso ha supuesto la inmediata puesta en marcha de una segunda edición, en la que también podré intervenir en el mes de mayo próximo.
La formación de los Letrados es una exigencia dentro de una profesión en constante evolución. Y el Derecho de la Discapacidad es, seguramente, la rama más amplia de todas, dada su transversalidad, que no deja fuera ninguna de las materias jurídicas, lo que nos obliga a un aprendizaje continuo y especializado. Seguiremos en la brecha, aprendiendo casi siempre o enseñando (con lo que también se aprende), lo que en cada momento sea menester.
