Hace 7 años comenzó la andadura de este blog. Esta entrada hace la número 100. Con cada una de ellas he querido compartir experiencias, conocimientos o dar respuesta a cuestiones que clientes, amigos, familiares o simplemente conocidos me han ido planteando a lo largo del tiempo. Así que esta entrada estaba pensada a modo de celebración. Pero ha habido que cambiar las tornas.
En esta ocasión me toca ponerme serio, que es lo que se me da mejor. Intentaré explicarme. En entradas anteriores he hablado sobre una modificación legal que está a punto de ver la luz. Se trata de la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y de la Ley del Registro Civil. Una reforma de calado, no sólo por el número de leyes a las que afecta, sino, fundamentalmente porque el eje de la modificación afecta a las personas con discapacidad, y a la posibilidad de elegir por ellas mismas, en lugar de ser otros los que decidan sobre su vida, sin contar son sus preferencias, como aún sucede hoy. La reforma venía obligada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se convirtió en parte de nuestro ordenamiento jurídico allá por el mes de mayo de 2.008. Y por fin, después de más de 12 años esperando, el texto ya es un Proyecto de Ley que se encuentra en el Senado.
Pues bien, aunque hasta aquí todo parece casi idílico, la realidad es muy otra. Cuando el camino parecía estar casi hecho, y sólo quedaba esprintar después de una maratón, el Sr. Ministro de Justicia ha paralizado la tramitación del Proyecto de Ley. ¿Motivo? Que las nuevas disposiciones obligan a la revisión de las sentencias que modifican la capacidad de las personas, de todas las sentencias, y eso va a provocar un atasco en los juzgados de toda España. Que los juzgados estén atascados no es algo nuevo. Lo estaban hace 25 años, cuando inicié mi carrera profesional, y siguen igual. O peor. Preferentes, cláusulas abusivas, la pandemia por el Covid-19,... Siempre hay algo que afecta a la marcha de la Justicia. Pero en esta ocasión desconocemos cuál es la intención del legislador, ese ente sin corazón, sin nombre y a veces pienso que con poca cabeza. Por arte de magia, y como si de algo nuevo se tratara, se ha percatado repentinamente de algo que era evidente, pues las previsiones de la Ley han sido elaboradas por el propio legislador. ¿Que cómo no se ha dado cuenta antes de todo esto? Buena pregunta. Pero hacedme una que sepa contestar. Lo único que sé en este momento es que toda la reforma puede quedarse en agua de borrajas si el legislador piensa que hay que evitar los procedimientos judiciales a toda costa, ya que eso afectará a decenas de miles de casos que deberían ser revisados. ¿Os imagináis que el legislador hubiera pensado lo mismo sobre las preferentes, o sobre las cláusulas suelo, sólo para no colapsar los juzgados? Seguramente los asuntos se habrían acabado antes de comenzar, con la mera resolución del banco en cuestión o del Banco de España, que nunca dieron la razón a los clientes, y que mayoritariamente sí obtuvieron solución a su problema en los juzgados.
Este juego que acaba de iniciar el Sr. Ministro de Justicia es muy peligroso. Cambiar las leyes pensando en la carga de trabajo y no en los derechos de la ciudadanía entraña un riesgo enorme. Me enseñaron en primero de carrera que la Justicia es dar a cada uno su Derecho. Si no lo hacemos, la Justicia desaparecerá. Veremos...
