“El
Discapacitado: autor y víctima de los delitos”
Ángel
Bravo del Valle
Abogado
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
- EL DISCAPACITADO COMO AUTOR DEL DELITO. DEFICIENCIAS Y TRASTORNOS PSÍQUICOS DETERMINANTES DE INIMPUTABILIDAD PENAL E IMPUTABILIDAD DISMINUIDA
- EXIMENTES Y ATENUANTES
- LIBERTAD CONDICIONAL
- REGULACIÓN LEGAL VIGENTE
- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
- JURISPRUDENCIA
- ANÁLISIS DELICTUAL Y POBLACIÓN RECLUSA
- ANÁLISIS DELICTUAL
- PENADOS Y PREVENTIVOS
- LA PERSONA CON DISCAPACIDAD COMO VÍCTIMA DEL DELITO
- AGRAVANTES
- ANÁLISIS DELICTUAL
- DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
- PROVOCACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN
- DENEGACIÓN DE PRESTACIONES
- DELITOS SEXUALES
- LESIONES
- ABANDONO DE FAMILIA
- OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
- SUICIDIO
- CONCLUSIONES
- BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Antes
de comenzar el desarrollo pormenorizado de esta ponencia, me gustaría
hacer una serie de breves apuntes:
- Según el artículo 1 del Real Decreto 1414/2.006 de 1 de diciembre por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2.003, se entiende como persona con discapacidad:
- aquélla a la que se le haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 %.
- pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.
- pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
La inclusión como
discapacitados de los pensionistas antes enunciados es de suma
importancia, ya que una gran mayoría de ellos lo son por afecciones
derivadas de la edad. Más tarde iremos viendo las peculiaridades que
afectan a los mayores de 60-70 años.
- En este área del Derecho Penal no existe normativa específica para las personas con discapacidad, a las que son de aplicación la legislación penal general y especial.
- A pesar de que las personas con discapacidad puedan ser víctimas de un amplio elenco de modalidades delictivas, no podemos olvidar que también son sujetos activos de los mismos en numerosas ocasiones. Los artículos 20.1º y 21.1º del Código Penal vigente establecen los casos en los que las personas discapacitadas quedan exentas de responsabilidad criminal o ésta queda atenuada.
- EL DISCAPACITADO COMO AUTOR DEL DELITO. DEFICIENCIAS Y TRASTORNOS PSÍQUICOS DETERMINANTES DE INIMPUTABILIDAD PENAL E IMPUTABILIDAD DISMINUIDA
- EXIMENTES Y ATENUANTES
El
Art. 20 del Código Penal establece cuáles son las causas que
excluyen la responsabilidad penal, y que son las siguientes:
Están
exentos de responsabilidad criminal:
- El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
El
trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido
provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o
hubiera previsto o debido prever su comisión.
- El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
- El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
- El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:
- Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.
- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
- Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
- El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
- Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
- Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
- El que obre impulsado por miedo insuperable.
- El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
En
cuanto a las personas afectadas por algún tipo de discapacidad, ésta
se encontraría contemplada en los apartados primero y tercero. Sin
embargo, de su lectura se deduce que las discapacidades que pueden
generar la aplicación de una eximente son tan sólo dos:
alteraciones psíquicas y alteraciones de la percepción. Como vemos,
el elenco es reducidísimo.
El
Art. 21 del Código Penal establece cuáles son las causas que
atenúan la responsabilidad penal:
Son
circunstancias atenuantes:
- Las causas expresadas en el Capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
- La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior.
- La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
- La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
- La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
- Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.
Vemos
que sucede exactamente como en el caso anterior. Cualquier persona,
sin considerar edad o discapacidad, puede cometer un delito en el que
se aprecie una atenuante, pero sólo las contempladas en el apartado
primero serían aplicables a autores discapacitados, precisamente por
constituir una suerte de eximente reducida.
A
la hora de aplicar las atenuantes anteriores, o incluso eximentes
incompletas, son de aplicación los artículos 68 y 104 del Código
Penal. El primero determina que En
los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, los
jueces o tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a
la señalada por la ley, atendidos el número y la entidad de los
requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de
su autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del
presente Código. El
segundo establece que 1.
En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números
1º, 2º y 3º del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer,
además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los
artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento
solo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de
libertad y su duración no podrá exceder de la de la pena prevista
por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo
dispuesto en el artículo 99. 2. Cuando se aplique una mecida de
internamiento de las previstas en el apartado anterior o en los
artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal sentenciador comunicará
al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la proximidad de su
vencimiento, a efectos de lo previsto por la disposición adicional
primera de este Código.
Debemos
además poner en relación lo visto hasta ahora con el artículo 116
del Código Penal: Toda
persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también
civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Este
precepto debemos enlazarlo con el artículo 118.1.1º del mismo texto
legal, el cual establece que 1.
La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números
1º, 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 20, no comprende la de la
responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas
siguientes: 1ª En los casos de los números 1º y 3º, son también
responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de
responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda
legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su
parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera
corresponder a los imputables. Los Jueces o Tribunales graduarán de
forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada
uno de dichos sujetos. Lo
que significa la falta de exención de las responsabilidades civiles
para los discapacitados.
- LIBERTAD CONDICIONAL
Iniciada
la ejecución de la Sentencia en sus propios términos, y quedando
siempre a salvo las posibilidades de suspensión de las condenas
impuestas a delincuentes primarios en los términos establecidos en
el artículo 80 y siguientes del Código Penal, los condenados a
penas de prisión las cumplirán. A pesar de la extendida e infundada
creencia de que las personas mayores, enfermas o discapacitadas no
van a la cárcel, esta aseveración no tiene en nuestro ordenamiento
jurídico ningún apoyo legal ni jurisprudencial. El
único atisbo de prebenda en favor de las personas mayores o enfermas
figura en el Art. 92 del Código Penal de 1.995 y en el Art. 196.1
del Reglamento Penitenciario de 1.996. En ambos preceptos se
establece la posibilidad de obtener la libertad condicional por parte
de los condenados septuagenarios o enfermos incurables. Pasemos a su
análisis.
- REGULACIÓN LEGAL VIGENTE
El
Art. 92 del Código Penal establece lo siguiente:
1.
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los
sentenciados que hubieran cumplido la edad de 70 años, o la cumplan
durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos
establecidos, excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de
aquélla o, en su caso, las dos terceras, podrán obtener la
concesión de la libertad condicional.
El
mismo criterio se aplicará cuando, según informe médico, se trate
de enfermos muy graves con padecimientos incurables.
2.
Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla
en cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores,
elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que
el caso requiera, al Juez de Vigilancia Penitenciaria que, a la hora
de resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales la
dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.
3.
Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de
su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el
dictamen del médico forense y de los servicios médicos del
establecimiento penitenciario el Juez de Vigilancia Penitenciaria
podrá, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la
libertad condicional sin más trámite que requerir al centro
penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder
hacer la valoración a que se refiere el párrafo anterior, todo ello
sin perjuicio del seguimiento y control previstos por el artículo
75 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
El
Art. 196 del Reglamento Penitenciario determina:
1.
Se elevará al Juez de Vigilancia el expediente de libertad
condicional de los penados que hubiesen cumplido setenta años o los
cumplan durante la extinción de la condena. En el expediente deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Código
Penal,
excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes o, en su caso,
las dos terceras partes de la condena o condenas.
2.
Igual sistema se seguirá cuando, según informe médico, se trate de
enfermos muy graves con padecimientos incurables. Cuando los
servicios médicos del Centro consideren que concurren las
condiciones para la concesión de la libertad condicional por esta
causa, lo pondrán en conocimiento de la Junta de Tratamiento,
mediante la elaboración del oportuno informe médico.
3.
En ambos supuestos, el expediente deberá contener los documentos a
que se refiere el artículo
anterior,
excepto los relativos a la letra h, junto con un informe social en el
que constará, en su caso, la admisión del interno por alguna
institución o asociación cuando éste carezca de vinculación o
apoyo familiar en el exterior. Cuando se trate de enfermos muy graves
con padecimientos incurables se incluirá en el expediente el informe
médico acreditativo de la enfermedad, así como de la gravedad e
irreversibilidad de la misma. En el caso de septuagenarios, se
acreditará la edad del interno mediante la certificación de
nacimiento del mismo o, en su defecto, por cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
4.
La Administración velará para facilitar al penado el apoyo social
externo cuando carezca del mismo.
Los
requisitos legales que se establecen para la concesión del beneficio
son:
- Ha de tratarse de un preso penado.
- Ha de tener cumplida la edad de 70 años.
- Sólo se aplica a las penas privativas de libertad. No se aplica a las penas de destierro, confinamiento, extrañamiento, caución, inhabilitación y aquellas otras privativas o suspensivas de cargos, derechos, profesiones u oficios.
- Encontrarse en el tercer grado de tratamiento penitenciario.
- Observar buena conducta.
- Que se formule un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.
- Existe un procedimiento excepcional de concesión para el caso de que corra peligro la vida del interno.
- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
La
junta de tratamiento, ex Art. 194 del Reglamento Penitenciario,
inicia la tramitación del expediente. El Art. 196 aclara que los
documentos que han de componer el expediente han de ser los mismos
exigidos en el Art. 195 para la libertad condicional, con las
siguientes salvedades:
1º
Se exceptúa la obligación de que el interesado manifieste si
dispone de trabajo o medio de vida cuando salga en libertad. En el
caso de que no tuviera, tampoco se exige el informe de los servicios
sociales sobre la posibilidad de conseguirle un trabajo en el
exterior.
2º
Si el septuagenario carece de familia o apoyo exterior, en ese caso,
el expediente ha de contener un informe social en el que conste su
admisión por alguna institución o asociación.
3º
Se exige la acreditación de la edad del interno mediante la
certificación de nacimiento o, en su defecto, por cualquier medio de
prueba admitido en Derecho.
Concluido
el expediente, la junta comprobará que contiene todos los
certificados e informes. Posteriormente, si procediese, hará una
propuesta razonada de autorización y la elevará al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, quien, a su vez, remitirá el expediente al
Ministerio Fiscal para que emita un informe. Recibido el informe, el
Juzgado resolverá lo que proceda.
- JURISPRUDENCIA
Al
objeto de ilustrar el funcionamiento del procedimiento reglado para
la obtención de la libertad condicional para septuagenarios,
extractamos a continuación la más reciente Jurisprudencia de la
Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid: Auto
1910/02, 11 de julio de 2002, JVP nº 3, Exp. 340/01 y Auto 1173/01,
19 de junio de 2001, JVP nº 1, Exp. 573/00.
Debemos
también reseñar la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1.998,
de 1 de abril, en la que se deniega el Amparo Constitucional al
septuagenario que vio denegada su solicitud de libertad condicional.
- ANÁLISIS DELICTUAL Y POBLACIÓN RECLUSA
- ANÁLISIS DELICTUAL
Durante
el año 2.013, según la última estadística oficial publicada,
fueron condenadas 6.295 personas mayores de 60 años. De ellas, 1.270
superaban los 70 años de edad. Todo ello significa que las personas
mayores de 60 años cometieron el 2,86 % del total de los delitos con
condena que se produjeron en nuestro país.
Entrando
en un análisis somero del catálogo delictivo desplegado por los
mayores de 60 años, vemos que, y siempre acudiendo a los números
oficiales publicados por el INE, en el año 2.013:
- El 50 % de las condenas provinieron de procedimientos judiciales abiertos por delitos contra la seguridad vial. Es curioso apreciar que 515 condenas recayeron en personas con más de 70 años de edad.
- Una de cada seis condenas fueron fruto de un delito de lesiones.
- Se produjeron 783 condenas por delitos contra el patrimonio y el orden socio económico (robos, hurtos, defraudaciones, etc), 387 por delitos de amenazas, más de 380 por quebrantamientos de condenas, más de 140 por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 177 por delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas y 78 homicidios.
- PENADOS Y PREVENTIVOS
En
cuanto a la población reclusa de penados en España, si observamos
la evolución entre las personas mayores de 60 años desde el año
2.008 hasta el año 2.013, vemos que se ha pasado de 1.228 reclusos
en el año 2.008 hasta los 1.822 en 2.013, lo que supone un
incremento de casi un 50 %. Del total de reclusos mayores, sólo el
6,5 % corresponde a las mujeres. Y sólo 1 de cada 31 reclusos del
total de la población penitenciaria es mayor de 60 años.
En
lo referente a la población reclusa mayor de 60 años, en situación
de prisión provisional, la evolución desde el año 2.008 hasta el
2.013 ha significado pasar de 319 pesos preventivos a 249, haciendo
tan sólo un escaso 2,67 % del total de presos preventivos internados
en nuestras prisiones en el momento actual. Las mujeres forman un
5,22 % del total de las personas mayores de 60 años en situación de
prisión preventiva.
- LA PERSONA CON DISCAPACIDAD COMO VÍCTIMA DEL DELITO
- AGRAVANTES
Las
recoge el artículo 22 del Código Penal. Las dos primeras son
circunstancias genéricas que podrían ser aplicables a quienes
cometen delitos contra personas discapacitadas. Hablamos, en primer
lugar, de la alevosía. El artículo 22.1º establece que Hay
alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra
las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que
tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para
su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. En
algunos casos, esta agravante podría ser contemplada por jueces y
tribunales, toda
vez que el incapaz puede encontrarse debilitado en su posición de
defensa respecto del autor del delito. En
segundo lugar, el apartado segundo del citado artículo 22 establece
Ejecutar
el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando
las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que
debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del
delincuente.
Es innegable que las circunstancias que rodean a una persona
discapacitada pueden dar lugar a su aprovechamiento por parte del
autor del delito, convirtiéndose de ese modo en una circunstancia
agravante.
Amén
de las circunstancias agravantes ya mencionadas, existe una
circunstancia agravante específica para el caso de delitos y faltas
cometidos contra personas discapacitadas. Es la contemplada en al
artículo 22.4º del Código Penal: Cometer
el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de
la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u
orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.
La
aplicación de cualquiera de las circunstancias agravantes analizadas
hasta ahora se producirá según lo establecido en el artículo 66
del Código Penal. Su apartado tercero establece que Cuando
concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la
pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.
- ANÁLISIS DELICTUAL
A
pesar de que una persona discapacitada puede ser víctima de
cualquier clase de delito, sus especiales circunstancias le hacen ser
más vulnerable a sufrir algunos de ellos. Por ese motivo, el Código
Penal ha introducido una serie de tipos específicos en los que lo
determinante es la pertenencia a un determinado grupo o padecer algún
tipo de discapacidad.
- Delitos contra los Derechos de los trabajadores
Se
encuentran regulados en los artículos 311 a 318 del Código Penal.
Sin embargo, únicamente el artículo 314 hace referencia a personas
discapacitadas (minusválidas en su redacción): Los
que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o
privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión
o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo,
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía,
por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores,
por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso
de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no
restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento
o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se
hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis
meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.
El
artículo 510 establece que 1.
Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia
contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u
otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su
origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o
minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres
años y multa de seis a doce meses. 2. Serán castigados con la misma
pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio
hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o
asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la
pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional,
su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
El
artículo 511 determina que 1.
Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa
de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado
de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a
la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o
creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su
sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o
minusvalía. 2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos
se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación
o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o
creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una
etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual,
situación familiar, enfermedad o minusvalía. 3. Los funcionarios
públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este
artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en
la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de dos a cuatro años.
El
artículo 512 prevé que Los
que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales
denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por
razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una
etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación
familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio,
industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.
Por
último, el artículo 515 establece que Son
punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
- Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.
- (Derogado).
- Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
- Las organizaciones de carácter paramilitar.
- Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.
- (Derogado)
Esta
serie de preceptos del Código Penal están encuadrados en los
delitos relativos al ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades
Públicas, y que fueron modificados por la LO 3/2.002 de 22 de mayo.
- Denegación de prestaciones
Este
tipo penal está curiosamente configurado como una falta, prevista y
penada en el artículo 619, el cual establece que Serán
castigados con la pena de multa de diez a veinte días los que
dejaren de prestar asistencia o, en su caso, el auxilio que las
circunstancias requieran a una persona de edad avanzada o
discapacitada que se encuentre desvalida y dependa de sus cuidados.
- Delitos sexuales
Los
artículos 178 y 179 castigan la agresión sexual con penas de 1 a 5
años y de 6 a 12 años, respectivamente. Todas las penas antes
citadas se elevan hasta 10 años en el primer caso y hasta 15 en el
segundo cuando, tal y como reza el artículo 180.1.3ª, la
víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad,
enfermedad, discapacidad o situación (…),
conformando un subtipo agravado.
En
el delito de abuso sexual (artículo 181), se considera siempre que
existe falta de consentimiento, produciéndose de este modo el
elemento objetivo del tipo, cuando la víctima padeciera un trastorno
mental.
En
el delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 184 del Código
Penal, se aumenta la pena básica de 3 a 5 meses de prisión hasta
una horquilla de 5 a 7 meses cuando la víctima sea especialmente
vulnerable por razones de enfermedad o situación.
- Lesiones
En
el delito de lesiones (artículo 147 y siguientes del Código Penal)
la pena básica es de 6 meses a 3 años de prisión. Esta pena se
eleva, cuando la víctima sea un incapaz hasta una horquilla que va
desde 2 hasta 5 años de prisión (artículo 148).
En
esta clase de delitos existe una particularidad. Si la lesión que se
produce no es de carácter físico sino psíquico, su acreditación
es de suma dificultad cuando la víctima es una persona discapacitada
o se trata de una persona mayor, por cuanto la avanzada edad conlleva
en múltiples ocasiones una serie de trastornos de carácter
neurológico, confundibles con las posibles lesiones derivadas del
delito. La consecuencia final es la impunidad de algunos delitos por
la dificultad de su prueba.
La
LO 1/2.004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de Género, establece una importante modificación
en el delito de lesiones, al añadir un subtipo agravado en el ya
citado artículo 148: cuando la víctima fuera una persona
especialmente vulnerable que conviva con el autor. Esta modificación
ha pasado prácticamente inadvertida, y es de vital importancia,
teniendo en cuenta que es de aplicación a personas mayores y
discapacitadas que residan con otras personas, con independencia de
la relación concreta que una a víctima y autor, puesto que la Ley
no distingue ni exige ningún tipo de parentesco, ni de relación
afectiva ni ningún otro requisito, a excepción de que sea
especialmente vulnerable. Por tanto, se han recogido algunas
situaciones que no estaban tipificadas con anterioridad.
- Abandono de familia
Según
el artículo 226.1 del Código Penal, El
que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a
la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de
prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el
sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen
necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis
meses o multa de seis a 12 meses.
El
abandono suele también asociarse a la sobre medicación, bien se
produzca este abuso de forma accidental o deliberada, bien se trate
de medicamentos prescritos por facultativo u otro tipo de medicación,
como el caso de la administración de medicamentos en dosis que
puedan sedar o provocar daños físicos a la persona discapacitada.
- Omisión del deber de socorro
Este
delito se contempla en los artículos 195 y 196 del Código Penal. El
primero de ellos establece que 1.
El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en
peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio
ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce
meses. 2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar
socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.
Este
delito se perfecciona con la mera actividad, es decir, con la omisión
de la prestación de auxilio de una persona en situación de
desamparo o peligro. Por tanto, en el caso de que la víctima
sufriese un empeoramiento en su estado de salud como consecuencia de
la falta de auxilio, nos encontraríamos con la existencia de un
concurso ideal con los delitos de lesiones, homicidio, etc.
El
artículo 196 establece que El
profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia
sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la
denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las
personas, será castigado con las penas del artículo precedente en
su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o
cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres
años.
Este
delito, tal y como se deduce del tenor literal del precepto, tiene
dos vertientes: denegación de asistencia sanitaria y abandono de
servicios sanitarios. Se trata además, de un delito de gran
trascendencia porque la Constitución Española reconoce el derecho a
la protección a la salud en el artículo 43.1.
- SUICIDIO
Me
gustaría finalizar este capítulo aportando una serie de datos sobre
los suicidios ocurridos en nuestro país. En numerosas ocasiones el
suicidio es una expresión de la victimización final a la que se
ven sometidas las personas mayores y discapacitadas, quienes no
encuentran otra salida a una situación de maltrato.
Durante
el año 2.012, última estadística oficial disponible, hubo en
España un total de 3.539 suicidios. De todos ellos, 928 los
realizaron personas de más de 70 años, es decir, un 26 % del total.
3 de cada 4 personas mayores de 70 años que tomaron la decisión de
suicidarse eran varones. La sociedad debería hacer una seria
reflexión sobre estos fríos datos que, amén de una estadística,
son 928 dramas personales y familiares.
- CONCLUSIONES
Cuando
hablamos del binomio persona discapacitada-delito pensamos en las
personas discapacitadas como víctimas de los ilícitos penales,
fundamentalmente (y no sin razón) de los malos tratos familiares.
Pero, tal y como hemos podido comprobar con las estadísticas
oficiales en la mano, son también sujetos activos de los delitos que
se cometen en nuestro país.
Como
sujetos activos, la comisión delictiva por parte de personas
discapacitadas provoca su condena y su eventual ingreso en prisión,
exactamente igual que ocurre con cualquier otro ciudadano. La única
diferencia con el resto de la población adulta es la posibilidad de
obtener el beneficio penitenciario de la libertad condicional,
beneficio que no es de concesión automática.
Como
sujetos pasivos, las personas discapacitadas se encuentran en una
situación de protección. Pero, tal y como hemos ido viendo a lo
largo de esta ponencia, esa protección penal pasa por unos pequeños
retoques en algunas partes del Código Penal que se nos antoja
insuficiente.
- BIBLIOGRAFÍA
- VEGA ALOCÉN, Manuel (1.999). Supuestos excepcionales de la libertad condicional: los septuagenarios y los enfermos incurables; una solución legal equivocada. Madrid, Cuadernos de Derecho Penitenciario, nº 6.
- MÉLICH SALAZAR, Rafael (2.003). La persona mayor ante el Derecho Penal. Madrid, Portal Mayores, Informes Portal Mayores, nº 10. [Fecha de publicación: 28/02/2003] http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/melich-persona-01.pdf
- UGARTE DE MIGUEL, José Ignacio (2.005). Protección de las personas con discapacidad en el Derecho Penal.
- AYORA ESCALADA, Mª del Coral (2.005). El Derecho Penal y el mayor: el maltrato a los mayores.
- Asesoría Jurídica del CERMI Estatal (2.008). Nuevo régimen de infracciones y sanciones en materia de discapacidad.
- Jurisprudencia obtenida de www.derechopenitenciario.com
